En agosto de 2023, la diputada Inés Parra Juárez levantó la voz contra lo que describió como un quebranto monumental al erario: más de 6 mil millones de pesos presuntamente desviados durante la gestión de Ariadna Montiel en la Secretaría de Bienestar. La denuncia, presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, parecía entonces un acto de valentía republicana. Era la oportunidad de demostrar que la justicia podía alcanzar incluso a quienes se cobijan bajo las siglas del partido en el poder.

Hoy, a más de dos años y medio de aquella acusación, el silencio institucional es ensordecedor. No hubo procesos judiciales, no hubo comparecencias, no hubo cárcel. Hubo, en cambio, un ascenso político: Ariadna Montiel tomó protesta como presidenta nacional de Morena. El contraste es brutal: de señalada por desvío millonario a dirigente de la fuerza política dominante.

Este episodio desnuda una realidad incómoda: la corrupción no se combate cuando se incrimina a los propios, se administra. La Fiscalía General de la República, bajo la conducción de Alejandro Gertz Manero, optó por el carpetazo. La denuncia se convirtió en un expediente olvidado, y la impunidad en un mensaje claro: la lealtad partidista pesa más que la rendición de cuentas.

La llegada de Montiel a la dirigencia de Morena no es solo un triunfo personal, es un símbolo de cómo el poder político puede blindar a sus cuadros frente a la justicia. Se habla de austeridad, de honestidad, de transformación, pero los hechos muestran otra cara: la continuidad de prácticas que erosionan la credibilidad del discurso oficial.

La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿qué significa para la ciudadanía que una persona señalada por un presunto desvío multimillonario encabece el partido que gobierna México? Significa que la ética pública se ha vuelto un recurso retórico, que la justicia se administra con criterios políticos y que la impunidad sigue siendo la norma.

En un país donde millones de personas dependen de los programas sociales para sobrevivir, el desvío de recursos no es solo un delito financiero: es un atentado contra la dignidad de los más pobres. Y cuando quienes deberían responder ante la justicia son premiados con cargos de poder, la democracia se convierte en un simulacro.